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EL ACCESO A LA JUSTICIA COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL




El acceso a la justicia debe tener como prioridad las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, desde la exigencia de que los sistemas judiciales sean reales instrumentos de defensa de los derechos de las personas, sobre todo de las más vulnerables.


El acceso a la justicia constituye un derecho fundamental de todo ser humano y ha sido consagrado en una diversidad de instrumentos internacionales. Sin embargo, el ejercicio de este derecho en la práctica cotidiana puede verse impedido por la existencia de distintos obstáculos normativos, sociales o económicos que imposibilitan que una persona que sufre la vulneración de sus derechos pueda ejercer debidamente su derecho de defensa en juicio y obtenga un remedio judicial idóneo y estas dificultades se agudizan aún más cuando la pobreza y la indigencia se encuentran presentes.

Respecto de estos casos de extrema vulnerabilidad social, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado acertadamente en su Informe sobre “El acceso a la Justicia como garantía de los Derechos Económicos Sociales y Culturales". Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” la importancia no sólo garantizar un patrocinio gratuito sino también de “… reforzar los dispositivos comunitarios al efecto, a fin de facilitar a estos grupos el acceso a instancias judiciales de protección y a una mayor difusión de información sobre los recursos dentro del sistema de justicia y sobre sus derechos”.

Cabe destacar que la dificultad que tienen los sectores más vulnerados de la sociedad para acceder a la justicia generó que en la Cumbre Judicial Iberoamericana, en 2008, se dictaran las 100 Reglas de Brasilia, que tienen como preocupación central el acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, desde la exigencia de que los sistemas judiciales sean reales instrumentos de defensa de los derechos de las personas, sobre todo de las más vulnerables.

En este sentido, la presencia territorial a través de programas de patrocinio gratuito que asistan a una comunidad específica en el acceso a justicia constituye una estrategia concreta para superar los obstáculos que los grupos vulnerados encuentran a la hora de acudir a pedir por sus derechos y que pueden surgir, entre otras causas, de la falta de recursos económicos para el traslado a Tribunales o de la falta de información sobre las vías legales disponibles para solucionar un problema concreto.

También así,  Los principios de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las personas mayores son: La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor. La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo. La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor, entre trantos.

En estos sentidos es mi obligación personal procurar por el acceso a la justicia de mi querida Abuela.